Se está calentando el debate sobre el mecanismo de protección a las audiencias que pretende censurar los contenidos de redes sociales y de medios electrónicos alegando que no se puede mentir ni engañar al público. En eso estamos de acuerdo: la verdad ante todo. El problema es que, entre otras cosas, pide que se distinga cuando algo sea información o cuando sea opinión. Y en algunos temas, particularmente en política, eso es muy delicado. Hay evidencias de que alguien es corrupto; las presentas sugiriendo que algo se hizo mal, pero no podría decírsele “corrupto” hasta que no se le condene. Y no se le condenará si no hay discusión pública sobre el asunto. Es decir, alguien queda absuelto nada más porque no se puede hablar de que es culpable en lo que se reúnen las informaciones suficientes y actúa la autoridad judicial. ¿Un homicidio será un crimen o una acusación en contra de que el gobierno no hace bien su trabajo? Quien determinará que el tema fue bien abordado será el propio gobierno. Sea como sea, el asunto es polémico y esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones quedará agotada cuando tenga que supervisar 24 horas diarias en 15 mil medios a nivel nacional, sin los recursos humanos ni monetarios necesarios para cumplir esa tarea. Otra buena idea que se va al caño por su mala ejecución. Rictus en El Financiero.