Por fin, después de mucho tiempo, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra Piedra, habló. Peor aún, como dice Alarcón en El Heraldo, recomendó. Y recomendó reconocer que, en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, si hubo participación de algunas autoridades, fue a título individual y no como una acción colectiva del Estado; es decir, el ejército no es responsable. Concluye que pudo “haber conducta irregular cometida por personas servidoras públicas en el ejercicio de sus facultades”, pero no una “acción de Estado”. A pesar de que el gobierno del que forma parte usó a los 43 de Ayotzinapa como una de sus banderas más importantes. Y puede que jurídicamente tenga razón, pero vaya que se ve muy mal que alguien que llegó al cargo, porque su familia ha luchado por décadas contra la represión gubernamental, termine diciendo que el gobierno no reprime. Para eso, mejor que se quede callada. Por supuesto, la sociedad civil ya está pidiendo que quiten a ese florero del aparador y lo manden a volar.