Veamos: que por la magnitud e importancia de los temas que manejan, los ministros de la Suprema Corte de Justicia deban usar vehículos blindados no es un lujo, es una necesidad. Y una que el Estado debería cubrir porque es un gran riesgo que un ministro sufra un secuestro o un atentado. Hasta allí, nada que discutir. El tema es que, ahora que tocó renovar la flota de vehículos blindados, se fueron por modelos de alta gama de una armadora que tiene constantes quejas por su confiabilidad. Es decir, podrían haber comprado vehículos con mismas capacidades técnicas, menor lujo y menos aparatosos. Pero, además, se añade que fueron electos por un movimiento que pregona austeridad y se opone a los lujos de los funcionarios públicos. Vehículo blindado, sí; modelo de lujo del tope de gama de una marca mediocre, sacados de agencia… es un exceso. Ahora la duda es si se las aceptarán de vuelta o si la venta es definitiva. Aunque Perujo en El Economista propone que harán la medida típica de la 4T: una simulación “rifando” las camionetas, como se hizo con el avión presidencial… Es acorde a sus usos y costumbres, ¿no?