Duro, pero cierto, el cartón de Fisgón en La Jornada: se le había pedido a ICE y otras instancias de seguridad nacional que se enfocaran en deportar a los migrantes ilegales que tuvieran antecedentes criminales. Así sea pasarse un alto. Y, por supuesto, empezar por los más graves. Pero llegó otra orden; había que sacar al menos a 3,000 ilegales al día, en especial de las “ciudades santuario” o de los “estados santuario”. Una empresa en Ohio se quejó: uno de sus dueños dijo en redes sociales que lo que hacía ICE era un abuso. Llegó una redada a su empresa. Tiene 150 empleados, todos legales. Se llevaron detenidos a 80, “por ser sospechosos”. Tres días después, ni los liberan (lo que deberían hacer, pues todos tienen papeles en regla) ni los extraditan. Siguen en el limbo. Mientras tanto, un señor con sentencias en su contra de múltiples delitos sigue impulsando la violenta persecución de personas inocentes. ¿Pues no dijeron que irían por lo peor?