Recientemente, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas anunció que iniciará un procedimiento especial basado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para estudiar el caso de México, lo que marca la primera vez que se activa este protocolo. Este artículo permite al Comité remitir un caso a la Asamblea General de la ONU cuando existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática en un país, en nuestro caso, por rebasar los 111,000 casos y por el escándalo del campo en el Rancho Izaguirre. Pero la única reacción oficial fue la de CNDH: rechazó que en México se viva una crisis de desapariciones y, más aún, que estas sean consecuencia de una política de Estado: “Creemos que el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país, y se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México”. Rechazó la intervención internacional “que en nada ayuda y mucho complica” e, incluso, se adelantó que pedirá la destitución del titular del CED “por inmiscuirse ilegalmente en el tema”. No, pues, guau dijo el perro. Chavo del Toro en El Economista.