Nada detendrá ya la Reforma Judicial que implicará, entre otras cosas, casi 1700 nuevos jueces para septiembre del próximo año. Personas que no tendrán carrera judicial y, posiblemente, tampoco experiencia como abogados. Serán personas cualquiera —incluso postuladas por el crimen organizado— que podrán ser jueces, jueces colegiados o hasta ministros, siempre y cuándo ganen una votación popular. Es el fin de la carrera judicial. ¿Y por qué hacerla a tres meses de acabar el gobierno? Según algunos, es para cumplir una promesa presidencial. Según otros, es para “dejarle el camino libre a la nueva presidenta” y pagar el costo. Si alguien dice que no tener tribunales profesionales o jueces de carrera está mal, siempre podrán decir que fue “una herencia maldita de AMLO”. Si funciona, podrán decir que era “su idea”. Pero no nos engañemos: La principal motivación es acabar con la Ministra Norma Piña, que no se paró a rendirle honores al presidente en uno de los escasísimos eventos en que se presenta con los otros dos Poderes. Y porque la Corte le ha dicho en más de una de sus «reformas importantes» que no sirven, ya que están mal hechas— no por ideología o por franca oposición a lo que proponen, sino porque así no funcionan o porque se aprobaron con severas violaciones a los procesos legislativos. Dice Alarcón en El Heraldo que por una Piña van a soltar la bomba atómica que puede acabar con la institucionalidad del país -al menos, ante los ojos de los inversionistas; ya la DEA dice que es un paso más para hacernos «narcoestado fallido»: que los jueces le deban su poder a los narcos locales, que patrocinarán a sus propios jueces. A ver qué pasa. Por lo pronto, parece que esa Reforma si será presentada. Y de que pasa, pasa.