Trascendió que a los «acarreados» al Grito en el Zócalo -la mayoría provenientes de municipios del Estado de México»- se les ofreció un pago de $1,000 por asistir, además de alimentos y transporte. Pero también se supo que algunos eran beneficiarios de programas sociales, a los que se les obligó a ir con el argumento de «nosotros de damos apoyos, te toca apoyar» y con la amenaza de retirarles el apoyo. Y mientras se demuestra si fueron «actos aislados» de operadores locales o instrucción de arriba, los diputados citarán al nuevo Secretario de SEDESOL, el mexiquense Luis Miranda, para que confirme si fue su instrucción o si fueron hechos aislados, y para invitarlo a que se evite tal manipulación en futuras elecciones… como la mexiquense.
