Siguen fluyendo datos sobre el escándalo de presunta corrupción que persigue a Alejandra Sota, ex vocera del presidente Calderón: resulta que asignaron contratos por casi 52 millones de pesos a lo largo del sexenio a despachos creados por ex colaboradores suyos en Presidencia (destacadamente Defoe Experts On Consulting) y que sin experiencia o antigüedad suficiente, desplazaron a empresas con más trayectoria. Destaca ese caso porque recibió un contrato por 9 millones de pesos, vigente del 1 al 22 de noviembre de 2012, para evaluar el impacto de la «Guerra contra el narcotráfico». Al fin que quedaban 8 días para que el gobierno implementara la propuesta que se hiciera… Al respecto, hay que tener en cuenta que «la asignación directa de estos contratos no se sustenta en la experiencia profesional o reconocimiento nacional o internacional de las casas encuestadoras”, dictaminaron Edna Jaime y Eréndira Avendaño, de México Evalúa, en un estudio que realizaron para el CIDE en el 2011, “(aunque) en descargo de lo anterior debe decirse que la normatividad se cumple, pues no se han identificado observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación o de la Secretaría de la Función Pública”.
En fin. Hay que releer esta definición. Perujo en El Economsita.
