Cayó una red de «polleros» que tenían una peculiaridad: eran agentes del Instituto Nacional de Migración. Detenían a los migrantes y en lugar de turnarlos ante la autoridad migratoria o deportarlos, los vendían a los Zetas por $5,000 pesos cada uno. ¿Y esas son las autoridades que tienen la obligación de defender los derechos humanos de los migrantes? Perujo en El Economista.